Hace unos años nos enteramos de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) planeaba incorporar una pregunta por el Documento Nacional de Identidad en el Censo Nacional de 2022 convirtiéndolo en el primer censo no anonimizado de la historia argentina.
Esto atenta contra la expectativa de privacidad de las personas y podría impedir una recolección correcta de datos al aumentar la desconfianza de la población. Si disminuye la calidad del relevamiento censal, entonces también lo hace su función como insumo para formular políticas públicas.
Por otra parte, preguntar por el DNI hace que el riesgo de acceso a datos sensibles de la población sea muy alto y va en contra de las recomendaciones y buenas prácticas estadísticas a nivel internacional además de poner en riesgo el Secreto Estadístico (Ley N° 17.622 y Disposición N° 176/99 del INDEC).
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